Filipinas es uno de los principales países proveedores de mano de obra migrante internacional en el mundo, y depende de la migración para impulsar su desarrollo. Según las estimaciones de la Comisión de Filipinos en el Extranjero, hay más de 10 millones de nacionales filipinos viviendo fuera del país, ya se trate de migrantes permanentes, temporales o irregulares. Si bien la migración laboral transnacional constituye una fuerza sumamente positiva para la sociedad, los trabajadores migrantes en el extranjero también se ven expuestos a diferentes riesgos, como la trata de personas, las formas contemporáneas de esclavitud, la explotación y los abusos sexuales, y otras violaciones de sus derechos. En diciembre de 2021, la Ley 11641 de la República integró las principales funciones de siete organismos de migraciones de Filipinas y creó el Departamento de Trabajadores Migrantes, cuyo mandato es “proteger los derechos y promover el bienestar de los trabajadores filipinos en el extranjero, con independencia de su condición y de los medios empleados para entrar en el país de destino” (Ley 11641 de la República, art. 5). No obstante, pese al firme compromiso mostrado por el Gobierno, al mes de junio de 2023, el Departamento de Trabajadores Migrantes todavía tiene pendiente contratar a más de 1.000 nuevos empleados para poderse considerar plenamente operativo y estar en condiciones de cumplir su mandato y contribuir al desarrollo de las capacidades del personal en funciones. A través de la aplicación de los enfoques pangubernamental y pansocial, el proyecto aspira a instaurar una gobernanza de la migración más sólida en Filipinas, en consonancia con las normas internacionales, prestando apoyo al Departamento de Trabajadores Migrantes. Ello se conseguirá brindando asistencia técnica y orientaciones para fortalecer la capacidad institucional del Departamento en lo que respecta a 1) la gestión de datos e información sobre la migración, a efectos de reforzar la toma de decisiones basada en datos empíricos mediante la prestación de apoyo para la puesta en marcha del marco de seguimiento y evaluación de los planes de acción nacionales y la elaboración de un diseño estructural que sirva de guía para el establecimiento de un sistema de gestión de la información centralizado, y 2) la implicación de las partes interesadas, a efectos de promover la coherencia vertical y horizontal de los programas, en especial en los programas y servicios de reintegración y los programas de orientación sobre la migración del Gobierno.