El Salvador – Esta semana, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas (CNCTP) de El Salvador, su Comité Técnico y representantes de la sociedad civil validaron la propuesta de ley de combate a la trata de personas, redactada con el apoyo de la OIM.
 
La propuesta de ley daría lugar a una estructura institucional; aportaría respuestas exhaustivas y humanas a las preocupaciones de las víctimas; instituiría una política sólida para combatir las actividades delictivas; crearía un sistema nacional de información, y establecería un fondo especial destinado a ayudar a las víctimas y a restituir sus derechos.   
 
La Secretaria Ejecutiva del CNCTP, Fátima Ortiz, señaló: “Esta legislación contiene muchos elementos innovadores, incluida la integración de criterios unificados con el fin de asegurar la continuidad de estas iniciativas, sean cuales fueren los cambios que se produzcan a nivel gubernamental.”  
 
La legislación contiene una Política Pública y un Plan de Acción que ya han sido publicados, y que están ejecutando las instituciones miembros del CNCTP.   
 
La Coordinadora de Proyecto de la OIM, Claudia Lara, añadió: “En la legislación también se aborda la seguridad en el ámbito de la migración; esto garantizará el derecho a la repatriación voluntaria asistida de forma digna y en condiciones humanas, así como el derecho al reasentamiento, la condición de refugiado, y la asistencia a las víctimas salvadoreñas que se encuentran en el extranjero a través de los cauces diplomáticos y consulares. Además, los extranjeros identificados como posibles víctimas de la trata podrían obtener, de la Dirección General de Migración y Extranjería, un permiso para residir temporalmente en El Salvador.”
 
Con el fin de asegurar la sostenibilidad, la legislación establece una asignación anual con cargo al Presupuesto General del Gobierno, así como una propuesta para enmendar el Código Penal del país con objeto de ampliar la definición, las modalidades y las circunstancias agravantes de los delitos de trata de personas, así como de tráfico y posesión de órganos, tejidos y fluidos humanos.
 
La legislación incluye asimismo disposiciones reglamentarias sobre la responsabilidad compartida, lo cual refleja la voluntad del Gobierno de colaborar estrechamente con la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales con el fin de coordinar adecuadamente las medidas encaminadas a combatir la trata de personas y a mejorar la prestación de asistencia a las víctimas.   
 
La propuesta de ley antedicha ha sido presentada a la Oficina del Presidente, y se someterá ulteriormente a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Si se aprueba, dará lugar a dos unidades especializadas a nivel policial y de la fiscalía.
 
A lo largo de este año, la Policía Nacional Civil ha rescatado a cinco víctimas de la trata, ha ejecutado dos órdenes de detención, y ha obtenido una condena por delito agravado de trata de personas.
 
El Salvador es país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, y además registra un incremento de la trata interna de personas. Las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral son, en su mayoría, mujeres y menores. Recientemente, se han identificado casos de mendicidad forzada.
 
En los últimos meses, también se ha observado casos de hombres, foráneos al hemisferio occidental, que han sido víctimas de la trata con fines de explotación laboral en El Salvador.
 
Por lo general, los traficantes de personas operan en redes de explotación familiar, pero también hay grupos delictivos más amplios implicados en el narcotráfico y otros delitos.  
 
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) inaugurará en breve un centro especial de acogida para las mujeres adultas víctimas de la trata, cumpliendo así uno de los compromisos contraídos en el proyecto de legislación.   
 
El apoyo técnico que brinda la OIM forma parte del proyecto Implementación de estructuras para el combate a la trata de personas en El Salvador: modernización del marco legal para el combate a la trata de personas y el fortalecimiento de la aplicación de la justicia, financiado por el Gobierno del Canadá.
 

Para más información, se ruega ponerse en contacto con

Adriana Granados
OIM El Salvador
Teléfono: +503.2521.0535
Correo electrónico: pressiomsansalvador@iom.int