Colombia - En 2013 un total de 2.489 colombianos desmovilizados (2.020 hombres y 469 mujeres) concluyeron el proceso de reintegración, cifra que casi triplica la de quienes que lo hicieron en 2012 (832 personas).

“Hemos pagado nuestra deuda con el país y somos como cualquier otro ciudadano.  Lo único que queremos es que las víctimas nos perdonen algún día, porque, aunque haya concluido el proceso de reintegración, los de paz y reconciliación continúan”, afirma María (nombre ficticio), una de las combatientes desmovilizadas que completó el proceso de reconciliación en noviembre de 2013.

Actualmente, Colombia cuenta con 51.171 antiguos combatientes desmovilizados.  De ellos, 28.418 participan de forma activa en el proceso gubernamental del Gobierno que lleva a cabo la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).  La OIM, con el respaldo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), respalda este proceso desde 2006 por conducto del Programa de reintegración de excombatientes con enfoque comunitario.

Un 74 % de los que han completado el programa recibieron ayuda de la OIM: 1.895 para crear un perfil personal para la búsqueda de empleo; 1.157 recibieron formación sobre desarrollo humano para fortalecer sus actitudes y capacidades para convivir con sus familias y el conjunto de la sociedad; 1.109 participaron en programas de capacitación laboral; 827 recibieron ayuda financiera para crear o mejorar pequeñas empresas; 338 llevaron a cabo servicios comunitarios voluntarios en sus comunidades; y 161 accedieron a programas de educación formal.

“La OIM colabora con el Gobierno colombiano para que este pueda llevar a cabo con éxito el proceso de reintegración y que así un mayor número de personas desmovilizadas cumplan los requisitos y accedan a las prestaciones que les corresponden”, explica Marcelo Pisani, jefe de la misión de la OIM en Colombia.

De todos los que han completado el programa, un 77 % (1.920 personas) pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia; un 19 % (466 personas), a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y un 3,5 % (88) al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Gracias a la ayuda del Gobierno y de las organizaciones internacionales, voy a plantar pimientos en mis tierras.  El proceso de reintegración no ha sido fácil.  Tenía dos opciones: una buena y otra mala.  Elegí la buena porque así puedo ser libre y volver a empezar junto a mi familia”, explica Gustavo (nombre ficticio), al referirse al beneficio judicial de la no encarcelación al que se pueden acoger las personas desmovilizadas.

Las condiciones para que se cumpla este beneficio son informar al Centro Nacional de Memoria Histórica sobre su participación en grupos armados ilegales, realizar servicios comunitarios para la reconciliación y la reparación, no reincidir y llevar a cabo cualquier otro proceso que establezca el gobierno.

“Para completar el proceso de reintegración hay que hacer muchos sacrificios y superar dificultades que parecían imposibles pero que se han hecho realidad gracias a los esfuerzos de los participantes por mantener su condición legal.  Así es como construimos nuestro país”, afirma Alejandro Éder, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

En los últimos 50 años Colombia ha soportado un conflicto armado interno con la guerrilla y los grupos paramilitares que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha dejado más de 220.000 muertos (entre ellos 180.000 civiles).  En consecuencia, el Gobierno nacional negocia y crea mecanismos judiciales de transición, como disposiciones para el desarme, desmovilización y reintegración de diferentes grupos armados ilegales, desde 2003 con objeto de lograr una paz duradera. 

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