Salud De Las Familias Dejadas Atrás

Los trabajadores migrantes y los miembros de la familia que dejan atrás se contabilizan en aproximadamente 193 millones, de los cuales de 52 a 100 millones son trabajadores domésticos en contextos de empleo precarios, los denominados “trabajos difíciles, degradantes y peligrosos”. Un 83% de estos trabajadores son mujeres, la mayor parte de las cuales no tiene acceso a derechos legales, sociales o de protección de la salud (incluyendo derechos de salud reproductiva) o tal acceso es muy limitado. Estas mujeres a menudo deben dejar a sus hijos e hijas atrás, y en familias en las que ambos progenitores son trabajadores migrantes, los menores quedan por lo común en manos de cuidadores tales como los abuelos, parientes o hermanos mayores.  

A pesar del discurso político de que la migración está ocupando un lugar cada vez más central de la agenda de desarrollo mundial, las consecuencias/implicancias sanitarias sobre los menores que son dejados atrás por padres trabajadores migrantes han recibido una atención limitada.  La actual base de evidencias sobre los impactos sanitarios de la migración laboral, tanto para los migrantes como para sus familias, sigue siendo débil. El impacto sanitario sobre las familias que son dejadas atrás se destaca especialmente en el caso de la mayoría de las naciones remisoras de mano de obra, que son en gran parte países con ingresos bajos y medios, que carecen de recursos adecuados como para responder a resultados amplios del ámbito de la salud pública vinculados a un aumento en la migración y su impacto reverso en cascada. El cambio en la demografía y el desplazamiento de los perfiles epidemiológicos de la enfermedad pueden llegar a agravar los cambios generados por la migración internacional aumentada en los países remisores de mano de obra. La migración laboral internacional, a pesar de las remesas y de otros beneficios recibidos, puede tener a veces una influencia negativa sobre la salud, quebrar a las familias y la cohesión social y aumentar la carga sobre los sistemas sanitarios. 

La evidencia actual pone de manifiesto tanto las influencias negativas como las positivas de la migración parental sobre la condición nutricional y de salud mental de los hijos e hijas. En algunos países como Sri Lanka y Vietnam, el desajuste y los problemas de conducta son comunes entre los menores cuyos padres se han ausentado por haberse ido a trabajar en otro país. Adicionalmente otros estudios han demostrado que los menores dejados atrás presentan niveles más altos de negligencia alimentaria, en comparación con los que tienen padres que no son trabajadores migrantes. La aceptación comunitaria de familias de trabajadores migrantes transnacionales y de padres también transnacionales puede funcionar como un determinante de la reducción de la vulnerabilidad, permitiendo la resiliencia entre aquellos menores cuyos padres están ausentes por haber migrado. Los problemas de salud mental o nutricionales que surgen a consecuencia de la separación parental por migración pueden ser menos traumáticos si la experiencia migratoria se comparte colectivamente, es normalizada dentro de las estructuras sociales y familiares, y si existen sistemas adecuados de apoyo, permitiendo que los menores se desarrollen a lo largo de trayectorias de adaptación.  El equilibrio entre los derechos humanos (por ejemplo el derecho a migrar de una madre soltera) y las consecuencias a la salud y necesidades de protección social para los menores que son dejados atrás y sus cuidadores, siguen siendo un verdadero desafío respecto de la adopción de políticas. En el contexto de economías dependientes de las remesas, tales desafíos originan tareas relacionadas con la elaboración de políticas a cargo de los gobiernos (y las agencias internacionales) que buscarán encauzar mejor la migración para fomentar el desarrollo y aliviar los niveles de pobreza. 

Para mitigar los riesgos sociales y los relacionados a la salud, promover la resiliencia y permitir que los hijos e hijas de los migrantes puedan florecer, la OIM promueve la creación de un marco de intervención  multidimensional, trabajando junto a los gobiernos (tanto de países remisores como receptores de migrantes), la industria de la migración laboral, el sector privado, la sociedad civil, las estructuras regionales de gobernanza, donantes y asociados para el desarrollo y las familias de migrantes.