En el Pacífico, las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas por la explotación sexual con fines comerciales, los matrimonios infantiles y forzados y los abandonos conyugales. El marco jurídico y normativo vigente en Papua Nueva Guinea no cumple las normas internacionales en lo referente a la protección de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata y de otros grupos vulnerables, como los trabajadores migrantes y sus familias y los migrantes irregulares. En este sentido, el país no es parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (“Convención contra la Delincuencia Organizada”) ni en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (“Protocolo contra la Trata de Personas”), hecho que constituye un obstáculo a la hora de identificar los casos de trata y determinar las necesidades de protección de sus víctimas y posibles víctimas. Por consiguiente, la adhesión a estos dos instrumentos redundaría en beneficio de Papua Nueva Guinea, que estaría en mejores condiciones de establecer un sistema de respuesta profesional y eficaz, así como de sentar las bases de un marco jurídico exhaustivo que contrarreste el problema de la trata de personas. El proyecto propuesto es de carácter multidimensional, particularmente en lo que respecta a los componentes de asistencia técnica y desarrollo de capacidades, y se ha concebido con el propósito de contribuir a los esfuerzos del Gobierno para preparar mejor la adhesión a la Convención contra la Delincuencia Organizada y al Protocolo contra la Trata de Personas. Este objetivo se logrará a través de dos procesos paralelos. El primero consistirá en un examen con miras al establecimiento de un marco legislativo exhaustivo con arreglo a los requisitos de la Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la Trata de Personas, del cual se obtendrá una serie de recomendaciones. Se prevé que este proceso fomente los conocimientos y las capacidades para dar respuesta al problema de la trata en consonancia con las normas universales en la materia. El segundo se centrará en impartir capacitación a funcionarios judiciales y de la fiscalía y a agentes del orden en relación con la detección de casos de trata, la respuesta ante ellos y el enjuiciamiento de los tratantes. Con ello se pretende optimizar la identificación y la protección de las víctimas y posibles víctimas de la trata conforme a lo dispuesto en la Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la Trata de Personas.