En las últimas décadas, la trata de personas se ha convertido en un problema acuciante para los derechos humanos y la seguridad en Viet Nam y su región. El Gobierno de Viet Nam está realizando importantes esfuerzos para promover la prevención y el enjuiciamiento de los casos de trata de personas, fenómeno que reconoce como un obstáculo importante para garantizar tanto una migración segura y humana como la seguridad y el bienestar general del país. En el contexto de dichos esfuerzos cabe mencionar el establecimiento de un marco legislativo pertinente (a saber, la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de 2011); el mayor número de tratantes enjuiciados; el incremento de los presupuestos consignados para los agentes del orden y la asistencia a las víctimas; y las campañas de concientización a gran escala centradas en las comunidades que se consideran más vulnerables a la trata. Sin embargo, las iniciativas en el plano legislativo por ahora no han logrado que se establezcan prácticas coherentes en materia de recopilación, gestión o presentación de datos sobre la trata de personas. Cabe precisar que ha habido avances en este sentido, ya que el Gobierno ha designado al Ministerio de Seguridad Pública como entidad coordinadora para el establecimiento y la gestión de la base de datos nacional sobre la trata de personas. Habida cuenta de esta situación, en el proyecto se colaborará estrechamente con el Ministerio de Seguridad Pública para fomentar la toma de decisiones de base empírica y fáctica en el Gobierno de Viet Nam, con la finalidad de combatir eficazmente la trata de personas a escala nacional. A tal efecto, se velará por que los organismos vietnamitas que luchan contra la trata de personas (incluidos el Ministerio de Seguridad Pública, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales y la Guardia de Fronteras) adopten procesos de recopilación, gestión y presentación de datos más normalizados y con perspectiva de género, con vistas a la producción de nuevos datos e informes en la materia. Para lograr estos objetivos, está previsto respaldar el desarrollo de capacidades en el seno del Ministerio de Seguridad Pública y los organismos pertinentes para la lucha contra la trata de personas (incluidos el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, la Guardia de Fronteras y el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales) en relación con la creación y utilización de herramientas y metodologías normalizadas para producir datos estructurados e informar eficazmente sobre la trata de personas. Asimismo, se prevé ofrecer plataformas de coordinación a estas entidades para que puedan debatir, obtener información y reflexionar sobre el valor añadido que aportan los procesos de tratamiento de datos estructurados en el ámbito de la trata de personas, que deberán institucionalizarse y utilizarse de forma sostenible con el tiempo.