Si bien los gobiernos de la región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) han adoptado restricciones de movilidad sin precedentes para reducir la propagación de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19), la movilidad humana no se ha detenido; al contrario, se ha seguido desarrollando en la clandestinidad, en un contexto en el que los efectos de la COVID-19 en la región y en el continente africano podrían impulsar a las personas a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Como informó la INTERPOL en un informe de junio de 2020, el tráfico de migrantes por tierra y mar se ha mantenido, en particular desde el Cuerno de África hacia Sudáfrica. Si bien las restricciones de viaje adoptadas en respuesta a la COVID-19 han repercutido en la capacidad de los grupos delictivos organizados, los traficantes de migrantes y los tratantes de personas, estos se están adaptando rápidamente para seguir explotando a las poblaciones vulnerables, aprovechando las carencias en materia de control fronterizo. En particular, la ruta meridional que comunica África Oriental y el Cuerno de África con el África Meridional ha cobrado una creciente importancia para el tráfico de migrantes, siendo Malawi, Mozambique y Zimbabwe algunos de los principales países de tránsito. La falta de labores de investigación coarta la capacidad para formular políticas de base empírica y socava la eficacia de las respuestas operacionales para combatir el tráfico y la trata, cuya finalidad es proteger a los migrantes y brindar respuestas adecuadas en materia de aplicación de la ley. El objetivo de este proyecto es contribuir a fortalecer las medidas de protección y las respuestas nacionales a la trata de personas y el tráfico de migrantes, prestando atención a los efectos concretos sobre las mujeres, los niños y los jóvenes; las rutas migratorias cambiantes; las partes afectadas; el modus operandi y las necesidades y vulnerabilidades de las poblaciones de migrantes concernidas.