En 2012, el Gobierno de la Argentina intensificó sus esfuerzos para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes mediante la Ley 26.842. Aun así, queda mucho por hacer para prevenir la trata de personas y enjuiciar a los responsables. A este respecto, el proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad del Gobierno para contribuir a la prevención y el enjuiciamiento de este delito, así como reforzar la asistencia a las víctimas. El proyecto pretende alcanzar los siguientes tres resultados: 1) Las fuerzas provinciales de seguridad tienen un conocimiento más amplio sobre los delitos relacionados con la trata de personas y registran información protocolizada en el Sistema Federal de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA); 2) La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), encargada de identificar y atender a las víctimas, utiliza correctamente una plataforma para la carga y sistematización de datos cualitativos y cuantitativos, optimizando así la implementación del Protocolo para la Asistencia a Víctimas de Trata (2008); 3) La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) implementa un modelo acusatorio que comprende la diferenciación entre la trata y el tráfico de personas, a partir de una prueba piloto en la Región del Noroeste Argentino, en el marco del presente proyecto.