Papúa Nueva Guinea – La OIM, en colaboración con el Departamento de Justicia y del Fiscal General de Papúa Nueva Guinea, ha publicado un informe sobre la trata y el tráfico de personas.

El informe pone de relieve el elevado índice de trata de personas, tanto adultos como menores, a escala nacional e internacional, con fines trabajo forzoso, explotación sexual y servidumbre doméstica.

El informe muestra asimismo que la mayoría de los migrantes irregulares entran en Papúa Nueva Guinea con la asistencia de bandas de delincuencia organizada, mientras que los facilitadores proporcionan a las personas objeto del tráfico medios para seguir viajando, y para hallar un empleo y alojamiento.

En el informe se analizan los datos recopilados sobre las cuestiones asociadas tanto con la trata como con el tráfico de personas, que son delitos bien definidos.

Según los resultados de una encuesta, la industria maderera es el sector en el que existe un mayor riesgo de exposición a la trata. Éste también es el caso de las personas que trabajan en los mercados, bares, restaurantes y clubes de juegos de azar, y sus inmediaciones.

En el informe se proporcionan unas primeras estadísticas sobre el tráfico y la trata de personas en Papúa Nueva Guinea. Antes de publicarse este informe, y a falta de una legislación que penalice estas actividades delictivas en el país, los datos sobre estos delitos eran muy limitados, y se basaban únicamente en relatos anecdóticos e informes de los medios de comunicación. 

Los resultados de la encuesta evidencian que, en Papúa Nueva Guinea, el intercambio de dinero, el abuso de una posición de autoridad o de confianza, y los abusos de las prácticas culturales son los principales medios de contratación utilizados con fines de trata.

En el ámbito de la trata de menores, las niñas tenían dos veces más probabilidades que los niños de ser objeto de trata. Según el informe, los niños no escolarizados tienen un mayor riesgo de convertirse en el blanco de la trata de menores.

En ausencia de una legislación que penalice específicamente la trata de personas en Papúa Nueva Guinea, los resultados de la encuesta indican que, en virtud de la legislación establecida en el país, las víctimas de la trata corren el riesgo de ser enjuiciadas, de ser objeto de otros abusos físicos y psicológicos, y de sufrir traumas. En la actualidad, las personas que carecen de documentos de inmigración apropiados son arrestadas y detenidas con miras a su deportación.

No se evalúa sistemáticamente su condición de víctimas de la trata transnacional. Del mismo modo, se arresta a las personas que se dedican a la prostitución y no se les somete a una evaluación con el fin de determinar si son posibles víctimas de la trata a nivel nacional con fines de explotación sexual.

El Jefe de Misión de la OIM en Papúa Nueva Guinea, Giuseppe Crocetti, declaró: “Al contener información fundamental con el fin de apoyar la necesidad de aprobar nuevas leyes contra la trata y el tráfico de personas, este informe también sentará las bases para diseñar e implementar programas de capacitación orientados al cumplimiento de la legislación y a la judicatura, y para realizar actividades de concienciación pública.” 

El Jefe Adjunto de Misión de los Estados Unidos de América, Bryan Hunt, en su discurso pronunciado con motivo de la publicación del informe, señaló: “La trata nos incumbe a cada uno de nosotros. Como naciones, comprometámonos una vez más con un sentido de la justicia que afirme que ningún menor debe ser objeto de explotación.”

También instó encarecidamente al Gobierno de Papúa Nueva Guinea y a los Miembros del Parlamento a que introdujeran y aprobaran el proyecto de Ley contra la trata y el tráfico de personas, que enmendará el Código Penal del país, y proporcionará a los fiscales y a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación los instrumentos necesarios para combatir los delitos de trata.

En su observaciones principales, el Secretario Adjunto de Justicia de Papúa Nueva Guinea, Jack Kariko, coincidió en que la trata de personas constituye un grave problema en Papúa Nueva Guinea, y añadió que su departamento confiaba en que el Parlamento aprobaría en breve una legislación para penalizar la trata y el tráfico de personas.

El informe forma parte de un proyecto de cuatro años financiado por la Oficina para Vigilar y Combatir la Trata de Personas, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que tiene por objeto fortalecer la capacidad del Gobierno de Papúa Nueva Guinea para prevenir la trata de personas, enjuiciar a los traficantes, y brindar protección a las víctimas de la trata.

Para obtener una copia de este informe, visite el sitio web: http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/
pbn/docs/IOM-DJAG-Baseline-Assessment-Report.pdf.

Para más información, se ruega ponerse en contacto con

Giuseppe Crocetti
en la Oficina de la OIM en Port Moresby
Correo electrónico: gcrocetti@iom.int