La Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR) de Colombia, organismo que encabeza el
proceso de justicia transicional en el país, ha presentado
el Programa Institucional de Reparación Colectiva (PIRC) a
los representantes del Gobierno nacional.

El PIRC, diseñado de acuerdo con el asesoramiento y la
orientación de la OIM y gracias a la financiación de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), reúne las recomendaciones y metodologías
necesarias para la aplicación de este mecanismo de
reparación en Colombia.

Por su parte la CNRR, dirigida por el Vicepresidente de Colombia
Angelino Garzón, entregó el documento a los
representantes del Ministerio de Justicia y al Alto Comisionado
para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
ambos encargados de aplicar la recién aprobada Ley de las
víctimas, en la que se estipula que es competencia del
Gobierno central diseñar y llevar a cabo una política
nacional de reparación colectiva. El PIRC será la
base de dicha política.

La Comisión, en colaboración con la OIM, ha
desarrollado ocho proyectos piloto de reparación colectiva
en las siguientes comunidades afectadas por la violencia: El Salado
(Bolívar), Libertad (Sucre), El Tigre (Putumayo), Buenos
Aires (Cauca), Universidad de Córdoba, la asociación
rural de trabajadores de Carare (Santander), la asociación
de madres de la Candelaria en Medellín y las comunidades
negras y afrocolombianas en Buenaventura.

Mientras que las comunidades de Libertad, El Salado, el Tigre y
la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)
concibieron y presentaron sus planes de reparación
colectivos a las autoridades locales en mayo de 2011, las otras
tres lo harán en un futuro próximo. Estos ocho
proyectos pilotos sientan las bases prácticas para el
PIRC.

"Las reparaciones colectivas deben convertirse en una prioridad
en Colombia. La violencia ha destruido el tejido social de varias
comunidades y ha desbaratado los planes de muchas organizaciones
sociales, políticas y culturales. Resulta fundamental que
las víctimas dispongan de mecanismos claros y eficaces como
este que les permitan reconstruir su presente y su futuro como
miembros de una comunidad", afirma Ana Teresa Bernal, comisaria de
la CNRR.

La OIM, la CNRR y USAID llevaron a cabo un ejercicio
georreferencial en el que se identificó a las primeras 100
comunidades que se beneficiarían de la reparación
colectiva. Entre ellas, se incluyen los municipios y regiones
más afectados por las acciones de los grupos armados
ilegales. Asimismo, entre otros posibles beneficiarios se
encuentran diferentes grupos sociales, culturales y
políticos, miembros sindicales, mujeres, periodistas y
comunidades indígenas y afro-colombianas.

La reparación colectiva es una de las modalidades
contempladas en los procesos de justicia de transición a
nivel internacional, aunque existen algunos pocos países,
incluidos Perú, Marruecos y Colombia, que han
diseñado programas con los que desarrollar este mecanismo.
La restitución de bienes, la compensación, la
rehabilitación la satisfacción y las garantías
de no repetición son algunas de las medidas incluidas en
este programa.

En los últimos 40 años, cientos de miles de
personas en Colombia se han visto afectadas por la violencia
perpetrada a manos de grupos armados ilegales. Desde 2005, en torno
a 333.000 personas han participado en el programa de
reparación del Gobierno colombiano y 344.139 han denunciado
crímenes de guerra en la Fiscalía General. Muchas de
estas denuncias siguen investigándose.

Desde 2006, la OIM, gracias a los fondos de USAID, ha brindado
asistencia a las víctimas de la violencia, incluidas la
facilitación del acceso a la verdad, la justicia, la
reparación y la reconciliación. Asimismo, la
Organización ofrece asesoramiento diario y apoyo para el
desarrollo de nuevas formas alternativas de generación de
ingresos.

Igualmente, a través de un programa centrado en la
reintegración comunitaria, la OIM trabaja junto a antiguos
combatientes en grupos armados ilegales para su
reintegración en la vida civil y su reconciliación
con la sociedad. Durante los últimos cuatro años y en
colaboración con el Gobierno colombiano, la
Organización ha reintegrado a unas 54.000 personas
desmovilizadas de grupos armados ilegales.

"La OIM y USAID apoyan la reparación colectiva porque
están convencidos de que este mecanismo nos permitirá
contribuir en la reconstrucción de las vidas de muchas
víctimas de la violencia en Colombia. Pero aún quedan
muchos desafíos por afrontar. Confiamos en que el Gobierno
evalúe y aplique las lecciones aprendidas a lo largo de
estos cuatro años de trabajo", explica Marcelo Pisani, jefe
de la misión de la OIM.

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con:

Jorge Gallo

OIM Bogotá

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