Un grupo de 63 familias (213 personas) de la comunidad de El
Salado, en Colombia septentrional, rehacen sus vidas desarrollando
iniciativas generadoras de ingresos tras haber contado con el apoyo
del Gobierno para la adquisición de dos granjas de una
extensión total de 320 hectáreas.

La OIM, en colaboración con sus socios USAID, la
Comisión Nacional para la Reparación y la
Reconciliación, Acción Social, la
compañía tabacalera Coltabaco y la ONG
Fundación Semana, y junto con la comunidad, ha desarrollado
las propuestas presentadas al gobierno central para la
adquisición de la tierra.

Asimismo, la Organización ha brindado apoyo
técnico e información a las familias participantes
para el diseño de los proyectos generadores de ingreso,
incluidas las plantaciones de cacao, tabaco, melón,
maíz y mandioca.

Las organizaciones participantes y el Gobierno de Colombia han
destinado más de US$3 millones a este proyecto.

El Salado saltó a la primera plana cuando, el 16 de
febrero de 2000, un grupo de unos 450 combatientes armados de las
Autodefensas Unidas de Colombia invadieron la comunidad dejando
tras de sí una ola de asesinatos en la que más de 60
personas perdieron la vida en los cinco días que duró
la masacre. A ello le siguió el desplazamiento masivo de los
residentes, de lo cual la comunidad no se ha recuperado
aún.

Los ingresos mensuales de las familias participantes, que en la
actualidad son inferiores a US$260, aumentarán hasta rondar
los US$500, además de recibir beneficios anuales procedentes
de la venta de sus cultivos.

"Una vez más, hemos podido comprobar el compromiso del
Gobierno colombiano con las comunidades víctimas de la
violencia, quienes, desde entonces, han padecido las consecuencias
de un escaso desarrollo económico y social. Esta iniciativa
pone de manifiesto que, trabajando de manera conjunta, las
comunidades pueden lograr importantes objetivos. La OIM sigue
comprometida a continuar trabajando junto con las comunidades que
han vivido experiencias similares en el diseño de proyectos
que pueden ser ejecutados con el apoyo de la comunidad
internacional, el sector privado y el gobierno", afirma Marcelo
Pisani, jefe de la misión de la OIM en Colombia.

Más de tres millones de colombianos se han desplazado,
abandonando sus tierras y hogares. Mediante esta política de
desarrollo rural, el Gobierno colombiano espera poder devolver
alrededor de dos millones de hectáreas a las víctimas
de la violencia.

Para más información, póngase en contacto
con:

Jorge Gallo

OIM Bogotá

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E-mail: "mailto:jgallo@iom.int">jgallo@iom.int