Cuatro de las seis comunidades pilotos que durante años han
sido víctimas de la violencia perpetrada a manos de los
grupos armados ilegales han presentado sus planes de
reparación colectiva ante los respectivos gobiernos locales.

La OIM, en colaboración con la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación (CNRR), ha
diseñado el enfoque de reparación colectivo y ha
trabajado junto con las seis comunidades piloto en la
elaboración de un borrador de cada uno de los planes de
reparación colectiva.

La primera de estas comunidades, El Salado, en el departamento
septentrional de Bolívar, ha estado sometida a las
incursiones, hostigamientos y amenazas de los grupos de la
guerrilla desde 1997. En 2000, Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) llevó a cabo una de las masacres más cruentas
de la historia del conflicto colombiano, acabando con la vida de 60
personas. La violencia ha afectado profundamente la vida cultural,
social y económica de esta comunidad.

La segunda es la Asociación de Trabajadores Campesinos
del Carare, de 650 miembros, creada en 1987 y ubicada en el
departamento de Santander, al noreste del país. Este grupo
ha obtenido reconocimiento internacional por su resistencia
pacífica a la violencia infligida por los grupos armados,
incluidas masacres, desplazamientos de masas, reclutamiento forzado
y cultivo y procesamiento de coca.

La tercera, Libertad, es una comunidad afrocolombiana situada en
el departamento septentrional de Sucre. Desde 1995, ha estado
sometida al aislamiento debido a la acción de los grupos de
autodefensa, quienes, durante años, han cometido actos de
violencia sexual, tortura, aislamiento y restricciones del libre
desarrollo cultural.

La cuarta es la comunidad de El Tigre, en el departamento de
Putumayo. Esta región de la selva en la parte meridional del
país ha sido, desde principios de la década de 1980,
un corredor estratégico para el tráfico de drogas.
Además, la presencia continuada de los grupos guerrilleros
la ha estigmatizado como una ciudad pro guerrilla. Como represalia,
los grupos de autodefensa entraron en ella el 9 de enero de 1999 y,
tras reunir a todos sus habitantes en la plaza pública,
distribuyeron números al azar entre cada uno de ellos y
asesinaron a aquellos que recibieron las papeletas
seleccionadas.

"Se trata, sin lugar a dudas, de un momento histórico
porque no existe ningún otro país en el mundo en que
las reparaciones colectivas se hayan llevado a cabo con la misma
profundidad y exhaustividad que en estas seis primeras comunidades
en Colombia. El hecho de que ella mismas hayan asumido sus derechos
a la reparación mediante la concepción en equipo de
medidas específicas que se ajusten a sus necesidades es un
motivo de orgullo", afirma el jefe de la misión de la OIM
Marcelo Pisani.

La Ley de Justicia y Paz de 2005 contempla la reparación
colectiva como uno de los mecanismos para otorgar reparación
a las víctimas. Para el cumplimiento de esta
disposición, la OIM, con la financiación de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), ha brindado su apoyo a la CNRR desde 2007 para la
definición y la implantación de un plan colectivo de
reparación a nivel nacional.

Desde 2007, la OIM ha asignado los US$1,258 millones concedidos
por USAID, entre otras actividades, a la reforma o
construcción de necesidades básicas e
infraestructuras en las antedichas comunidades piloto. Una vez
establecidas las instalaciones sanitarias y educativas, así
como la seguridad alimentaria, las comunidades se encontraron en la
medida de comenzar a redactar el borrador de los planes de
reparación colectivos.

Las comunidades pilotos han propuesto una serie de proyectos
destinados a reactivar la economía de la región,
reparar las infraestructuras públicas, incluidos los
espacios culturales y recreativos, y desarrollar actividades en
honor de la memoria histórica.

Entretanto, se lleva a cabo la realización de una
evaluación para establecer las comunidades más
afectadas por la violencia de los grupos armados ilegales. Los
hallazgos preliminares han identificado a 100 municipios que han
sufrido graves daños colectivos. Según cifras
gubernamentales, 332.000 personas han solicitado la
reparación individual.

A fecha de 31 de marzo de 2011, la cifra oficial de desplazados
internos en Colombia asciende a 3.648.315.

La experiencia adquirida mediante este proceso se
incluirá en el Plan Institucional de Reparación
Colectiva, el cual ha de servir de base de la política
nacional. Éste, junto con los seis planes piloto de
reparación colectiva, será presentado al gobierno
nacional en julio de este año.

"Resulta fundamental mostrar clara y concluyentemente que en
Colombia existen instituciones con la voluntad política de
devolver a las víctimas lo que han perdido como ciudadanos y
de devolver a las comunidades a la situación de progreso que
tenían hasta que se convirtieron en víctimas de la
violencia a manos de los grupos violentos", afirmó la
Comisionado de la CNRR, Ana Teresa Bernal.

Para más información, póngase en contacto
con:

Jorge Gallo

OIM Bogota

Tel: +57 1 6397777, Ext 1219

E-mail: "mailto:jgallo@iom.int">jgallo@iom.int