Bajo el eslogan: "Tecnología al servicio de las
víctimas", la OIM, USAID y el Ministerio de Justicia de
Colombia han presentado está semana el Sistema de
Información Interinstitucional de Justicia y Paz (SIIJYP),
centro de referencia de información para los ochos
organismos gubernamentales implicados en el proceso de justicia y
paz en Colombia.

El diseño y aplicación del sistema, cuya
realización ha tomado cinco años, ha corrido a cargo
de la OIM, que ha contado con el apoyo financiero de USAID y del
Ministerio de Justicia y Derecho.  En él se incluye
información sobre miembros desmovilizados de grupos armados
ilegales que se han unido al proceso de paz y sobre las
víctimas, así como medidas de asistencia y
reparación.

"Se trata de un sistema fundamental para un proceso adaptado,
preciso y rápido.  Actualmente, la información
pertinente se encuentra dispersa por todas las instituciones
implicadas, lo que dificulta aún más el tener una
visión general de los resultados obtenidos desde que se
pusiera en marcha el proceso de justicia y paz", explica Marcelo
Pisani, jefe de la misión de la OIM en Colombia.

El SIIJYP es una herramienta en línea que conecta las
bases de datos y los sistemas de información de la Oficina
del Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el Consejo Superior
de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la
Superintendencia de Notariado y Registro, el Ministerio de Justicia
y Derecho, el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad
Especial para la Atención y Reparación de
Víctimas.

Gracias a la misma, el usuario puede buscar información
sobre antiguos combatientes ilegales, las víctimas y sus
reclamaciones, las partes responsables del daño, sentencias,
ejecución de las penas, antecedentes y estructuras de los
grupos armados, exhumación de fosas comunes, fotos, bienes
traspasados por los inculpados para compensar a las
víctimas, e iniciativas de protección de
víctimas y testigos.

Según Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia y
Derecho, "el sistema es uno de los instrumentos de justicia de
transición más completos a nivel mundial.  Una
de las principales ventajas es que recaba y gestiona
información de todos los actores en el proceso y permite un
acceso diario a información que, de otro modo,
debería consultarse por cifras y por procesos en cada una de
las instituciones".

Entre los retos a los que se enfrentará el SIIJYP en 2012
caben destacar:

• La entrada de información en el sistema sobre más
  de 550.000 personas (víctimas, y excombatientes, entre
  otros).
• Gestión de la información sobre más de
  300.000 denuncias presentadas por las víctimas.
• Procesamiento de la información sobre los más de
  4.000 restos exhumados por el Ministerio Fiscal, así como
  muestras de sangre para cotejos de ADN y restitución de
  restos mortales.
• Registro y gestión de más de 7.000 activos
  gestionados por el Fondo de Reparación de
  Víctimas.
• Gestión de unos 4.700 expedientes de personas
  desmovilizadas que pueden acogerse a la Ley de Justicia y Paz.
• Registro de todos los procesos de desmovilización, tanto
  individuales como colectivos.

Conforme a cifras oficiales, más de cuatro millones de
personas en Colombia se han visto afectadas por la violencia en los
últimos 20 años, principalmente víctimas de
desplazamientos forzados.  Desde 2005, 362.000 han presentado
denuncias formales en el Ministerio Fiscal por delitos como
desapariciones forzadas, terrorismo, violencia sexual y
secuestros.

En ese mismo periodo, más de cuatro millones de
hectáreas de tierras fueron abandonadas debido a la
violencia y otros dos millones de hectáreas se tomaron
ilegalmente, desposeyendo de sus terrenos a unas 350.000
familias.

Entre 2009 y 2011, 27.000 familias recibieron compensaciones por
valor de más de US$276 millones.  El Gobierno de
Colombia prevé desembolsar otros US$274 millones durante la
primera mitad de 2012.

Además, el Gobierno ha creado programas de salud y
educación y proporciona alojamiento, servicios
psicológicos y apoyo jurídico a las
víctimas.

Hasta el momento, 55.000 antiguos combatientes pertenecientes a
grupos armados ilegales se han unido al proceso de paz.  Unos
4.000 de ellos están acusados de cometer crímenes
contra la humanidad y están siendo sometidos a
procedimientos penales.  Otros 32.000 se encuentran en proceso
de reintegración en la vida civil.

Dentro del proceso de reintegración, los combatientes
desmovilizados deben confesar los delitos que han cometido,
devolver todos los activos conseguidos ilegalmente y pagar las
reparaciones a las víctimas.  A cambio, se les permite
iniciar el proceso de reintegración, que incluye
educación, capacitación laboral, empleo y apoyo para
la generación de ingresos.

Los excombatientes han facilitado también
información sobre más de 3.500 fosas comunes donde
las autoridades han encontrado más de 4.300
cadáveres.  De ellos, 1.500 han sido totalmente
identificados y otros 1.300, entregados a sus respectivas
familias.

Para más información, póngase en contacto
con:

Jorge Gallo

OIM Bogotá

Tel: +57 1 6397777

E-mail: "mailto:jgallo@iom.int">jgallo@iom.int