Esta semana, el Gobierno de México ha promulgado la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y Delitos Relacionados y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
delitos.

Esta, que remplaza la Ley de 2007 para Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas, define claramente las funciones de cada uno de
los tres niveles del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y
los mecanismos de coordinación para prevenir, investigar,
enjuiciar y sancionar los delitos relacionados con la trata de
personas.

La OIM en México, con fondos de la Oficina de Control y
Lucha de la Trata (J/TIP) del Departamento de Estado de los Estados
Unidos, ha impartido varios seminarios de fortalecimiento de las
capacidades de las autoridades estatales en México en lo
relativo a la aplicación de la nueva ley y del plan nacional
de acción para prevenir y combatir la trata de personas.

Hasta la fecha, la Organización ha capacitado a 275
personas, incluidos legisladores y organizaciones de la sociedad
civil, en los distritos federales de Tlaxcala, Puebla e
Hidalgo.

“Si bien, hasta ahora, son 20 los estados mexicanos que
han adoptado una legislación local en materia de lucha
contra la trata, estas reformas varían en contenido y
eficacia, además de poder ocasionar problemas de
coordinación entre los niveles federal y estatal.  La
OIM ha descubierto también que muchos de los actores
principales a nivel estatal presentan importantes lagunas relativas
a la nueva ley federal y a sus implicaciones a nivel
estatal”, explica Thomas Lothar Weiss, jefe de la
misión de la OIM en México.

“El aumento de la cantidad de mecanismos de
armonización y coordinación que la nueva ley promueve
mejorará las capacidades de detección y asistencia de
las víctimas y de enjuiciamiento de este delito, lo que ha
supuesto uno de los principales retos para las autoridades en los
últimos años”, añade Weiss.

En el marco de la nueva normativa, el consentimiento de la
víctima deja de ser necesario para investigar el delito y,
por primera vez, podrá enjuiciarse a clientes o consumidores
que soliciten servicios que sean resultado de la explotación
de las víctimas.

Asimismo, las empresas de los medios de comunicación
deberán rendir cuentas de los anuncios publicitarios que
promuevan servicios que puedan implicar casos de trata de
personas. 

La ley aumenta también la protección y asistencia
integrales de las víctimas mediante la creación de un
fondo federal de asistencia a estas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), en torno a 20.000 personas son tratadas anualmente
en México, país de origen, tránsito y destino
de víctimas de la trata.

La OIM en México ha prestado asistencia a un total de 185
víctimas de este delito.  En torno a un 70% eran casos
de explotación laboral y un 28%, de explotación
sexual.  El 2% restante eran casos de adopciones falsas y
matrimonios forzados.  Más de un 60% de los tratantes
eran mujeres y, en la mayoría de los casos, eran personas
que las víctimas conocían (amigos o
familiares). 

Para más información, póngase en contacto
con 

Hélène Le Goff

OIM México

Tel.: +52 55 5536 3922

E-mail: "mailto:hlegoff@iom.int">hlegoff@iom.int