Argentina - Como parte de los esfuerzos para desplegar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos la OIM participa en el Primer Foro Regional de América Latina y el Caribe en Empresas y Derechos Humanos realizándose en Medellín, Colombia.

El evento, que termina hoy, reunió a más de 400 representantes de gobiernos, empresas y de la sociedad civil, con el objeto de crear conciencia sobre la existencia de estos nuevos Principios Rectores, y para discutir su aplicación.

Los trabajadores migrantes suelen estar en mayor riesgo de ser vulnerables, en parte debido a su estatus migratorio, pero más a menudo debido a la falta de conocimiento de sus derechos y responsabilidades, que crean un marco de protección en base a la legislación laboral, como así también a la falta de conocimiento de los recursos disponibles para que se cumplan las condiciones que la misma ley prevé.

De este modo, la explotación de los trabajadores migrantes puede ser cometida por uno o varios de los siguientes actores: intermediarios, empleadores sin escrúpulos, traficantes o tratantes.  Los migrantes son especialmente vulnerables a ser objeto de engaños con falsas promesas de trabajo, términos y condiciones de empleo engañosos y, en casos extremos, forzados a la servidumbre por deudas, o al trabajo forzoso e incluso ser víctimas de las redes de trata de personas.

Durante el evento de tres días, organizado por el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OIM realizó una presentación sobre la aplicación de los Principios Rectores y los grupos vulnerables, el aumento de la difícil situación de miles de trabajadores migrantes en la región, y la necesidad de garantizar que se respeten sus derechos.

Fueron destacados durante el encuentro los avances significativos realizados por los Estados de la región para garantizar la protección de los trabajadores migrantes a través de la creación de marcos institucionales y normativos.  A este respecto, la OIM planteó la necesidad de colaboración entre los Estados y el sector privado, en particular en relación con el reclutamiento de migrantes trabajadores.

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