Colombia - En los últimos siete años (2007-2014), la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha devuelto a las familias los restos mortales de 2.789 víctimas de desaparición forzada.

“Nuestro hijo tenía 17 años cuando desapareció y fue asesinado por un grupo paramilitar el 26 de noviembre de 1989, en la localidad de Loma Verde, en el norte de Colombia.  Tuvimos que esperar 24 años para recuperar su cuerpo y para llorar debidamente su pérdida”, refirió Luz Marleny, madre de una de las 315 víctimas cuyos cuerpos fueron entregados en la provincia de Córdoba en los últimos años.

De los restos devueltos hasta el momento, el 83,5 por ciento fue entregado a las familias como parte de una colaboración entre la OIM, la USAID, la Unión Europea y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

El resarcimiento por las víctimas del conflicto armado es uno de los principales objetivos del Gobierno de Colombia en la implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005.  La Fiscalía General de la Nación ha exhumado 5.735 cadáveres de víctimas de desaparición forzada, la mayoría encontrados con ayuda de testimonios de ex combatientes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que están siendo reintegrados bajo la Ley de Justicia y Paz.

Además de los restos que ya se entregaron, hay 144 cuerpos identificados por el equipo de ADN de la Fiscalía General de la Nación que están listos para ser entregados a sus familias; asimismo, se identificaron parcialmente los restos mortales de otras 723 víctimas y todavía hay que identificar los restos de otras 2.079 víctimas.

“El reto es llevar a cabo la identificación en los laboratorios de ADN de la policía y los cuerpos de investigación técnica legal, un proceso más eficiente y racionalizado para identificar cuerpos exhumados”, explicó Álvaro Polo, Procurador General Coordinador del Grupo de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación.

El Director de País de la USAID para Colombia, Peter Natiello, añadió: “Estamos realmente convencidos de que la identificación y entrega de los restos mortales de los familiares es una forma de llevar paz y tranquilidad a las familias más afectadas por el conflicto.  Por esa razón estamos prestando apoyo técnico y financiero a los laboratorios de ADN, para que puedan avanzar más rápidamente con estos procesos”.

Tres regiones del país tienen el 41 por ciento del total de los cuerpos entregados hasta el momento: Antioquía, donde se han entregado los restos mortales de 521 víctimas (18,7%); Magdalena, donde se han entregado los restos mortales de 317 víctimas (11,3%); y Córdoba, donde se han entregado los restos mortales de 315 víctimas (11,1%).  Esto es un reflejo del mapa de la presencia paramilitar en Colombia y corresponde a las zonas más afectadas por la violencia.

“El acto de entrega de los restos mortales significa el fin de un largo período de dolor e incertidumbre sobre el destino de un ser querido.  Es el comienzo de una vida más tranquila, sin ansiedad o dolor, y es por eso que los organismos internacionales han decidido apoyar a la Fiscalía General de la Nación en esta importante labor”, manifestó Ivo Hoefkens, Primer Secretario de Cooperación de la Unión Europea en Colombia.

Según información proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre 1983 y 2014 hubo alrededor de 70.000 víctimas cuya ubicación aún se desconoce.  De ellas, unas 32.000 fueron víctimas de desaparición forzada, perpetrada por grupos paramilitares y guerrilleros.

“Para la OIM es una cuestión de dignidad; cuando alguien pierde a un familiar, lo menos que espera es recuperar el cuerpo para llevar a cabo los ritos religiosos de acuerdo a sus creencias, guardar duelo y tratar de seguir adelante con su vida.  Con esta iniciativa, podemos poner fin a la incertidumbre que ha afectado a estas familias durante tanto tiempo”, aseveró Alejandro Guidi, Jefe de Misión de la OIM en Colombia.

En 2003, las AUC, el principal grupo paramilitar de Colombia, llegaron a un acuerdo con el gobierno que incluyó la exposición de la verdad sobre los actos ilegales cometidos y la localización de fosas comunes.  Además, se comprometieron a contribuir a la justicia, el resarcimiento y las garantías de no repetición, a cambio de la detención de un máximo de ocho años.

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país, están negociando un acuerdo de paz en La Habana, Cuba.  Las décadas de conflicto armado en Colombia cobraron la vida de más de 220.000 personas, entre ellas, unos 180.000 civiles.

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Jadin Vergara

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