Esta semana, la OIM y la oficina del Vicepresidente de Colombia,
Angelino Garzón, han firmado un acuerdo gracias al cual
será posible aumentar la colaboración en materia de
asistencia a las víctimas de la violencia, fomentar los
derechos humanos de los migrantes y otros grupos vulnerables,
prevenir el reclutamiento de menores en grupos armados ilegales y
proporcionar un apoyo continuado a los esfuerzos nacionales de
reconciliación y fortalecimiento de la paz.



Este acuerdo hace especial hincapié en la protección
de los derechos de las víctimas de la violencia.  En
este contexto, se ha elaborado un proyecto de ley, actualmente en
consideración por el Congreso colombiano, con el
propósito de desarrollar una política nacional que
proporcione asistencia, atención, protección y
reparación a todas las personas directamente afectadas por
las acciones de los grupos armados ilegales.



Una vez sea aprobado, la oficina del Vicepresidente liderará
los esfuerzos de asistencia a las víctimas de la
violencia.



Garzón ha remarcado la importancia del apoyo de la comunidad
internacional en la consolidación de la paz en Colombia y
afirma: «Poder contar con la experiencia, el conocimiento y
el apoyo de organizaciones como la OIM, que han trabajado durante
décadas en otros procesos de reparación en todo el
mundo, es fundamental para el Gobierno.  Estamos convencidos
de que se trata de un apoyo de un valor incalculable para la
consolidación de iniciativas importantes en pos del
beneficio de las comunidades más vulnerables».



Según los términos del nuevo acuerdo, la OIM
asistirá a la oficina del Vicepresidente,
proporcionándole durante los próximos cuatro
años recursos técnicos, administrativos y financieros
en proyectos de refuerzo de la capacidad del gobierno nacional y de
los gobiernos locales para garantizar que las poblaciones
más vulnerables tengan acceso a todos sus derechos.



Asimismo, Garzón señaló la importancia del
apoyo de la OIM una vez se apruebe el proyecto de ley: «A
día de hoy, la Ley de las Víctimas es un preciado
instrumento pero, sin el apoyo de organizaciones internacionales
como la OIM, que colaborarán en la creación de
mecanismos que garanticen el cumplimiento de la misma,
podría haber terminado cayendo en saco roto».



Durante los últimos cuarenta años, la violencia
perpetrada a manos de grupos armados ilegales ha afectado a
millones de colombianos.  Se estima que en el país
existen más de tres millones de desplazados internos.



Desde 2005, alrededor de 331.000 víctimas han solicitado
indemnizaciones al Gobierno colombiano, mientras que otras 310.000
personas han denunciado crímenes de guerra ante la
Procuraduría General.



Por su parte, la OIM, con la financiación de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ofrece desde
2006 asistencia a las víctimas de la violencia, incluidos el
acceso a la verdad, la justicia, los procesos de reparación
y reconciliación y asesoramiento y apoyo para proyectos de
desarrollo de actividades generadoras de ingresos.



Asimismo, la Organización, a través de su programa de
reintegración comunitaria, trabaja junto a ex combatientes
de grupos armados ilegales para su reintegración en la vida
civil y su reconciliación con la sociedad.  En los
últimos cuatro años, la OIM ha trabajado junto al
Gobierno colombiano en la reintegración de unas 51.000
personas desmovilizadas de grupos armados ilegales.



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Jorge Gallo

OIM Bogotá

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