Quedan pocos rastros del tsunami de diciembre del 2004 en las
playas de arena blanca bordeadas por palmeras que se extienden a lo
largo de 200 km hacia el norte, desde la isla turística de
Phuket en Tailandia hasta la frontera con Myanmar.

Turistas internacionales han afluido nuevamente a uno de los
más famosos lugares turísticos del mundo,
reconstruido principalmente con la mano de obra migrante de
Myanmar, después de menos de tres años desde la fecha
en que el desastre arrasó tanto hoteles como aldeas, lo cual
ocasionó la muerte de 8.000 personas y el desplazamiento de
decenas de miles.

Para Aye, una migrante birmana de 28 años, que gana THB
100 (USD 3) al día trabajando como albañil en el
centro turístico de Khao Lak, el tsunami la impactó
directamente cuando su hermano menor, que trabajaba en la misma
obra, se ahogó.

"Nuestro jefe se dio cuenta de que se acercaba un tsunami y nos
condujo a tiempo del lugar de la obra a un terreno elevado. Pero mi
hermano estaba juntando materiales de construcción en una
camioneta con otro hombre y ambos se ahogaron", dice.

"Cuando regresamos al lugar, vimos sus cuerpos en la playa y la
policía nos dijo que no podíamos llevárnoslos
porque tenían que ser identificados formalmente en la
comisaría. Pero teníamos miedo de que nos arrestaran
si volvíamos", explica.

Un año más tarde, alentada por un hermano mayor y
con la ayuda de la OIM y de la comunidad de trabajadores sanitarios
del Ministerio de Salud Pública, Aye fue a la morgue que
había sido habilitada para víctimas del tsunami en
Phang Nga para dar una muestra de su ADN y reclamar formalmente el
cadáver de su hermano que se encontraba junto con otros
cientos en cámaras frigoríficas; muchos de ellos eran
de migrantes birmanos cuyas familias también tenían
mucho miedo de reclamarlos.

El miedo al arresto y a la deportación a Myanmar,
país que se encuentra en un caos económico y
político, es una realidad de todos los días para los
dos millones de migrantes birmanos (cifra aproximada) que trabajan
de manera legal o ilegal en Tailandia. La carencia de oportunidades
económicas en sus lugares de origen implica que incluso los
peores empleos en la economía floreciente de Tailandia
representen una oportunidad que pocos dejarían pasar.

"Si son expulsados de (la ciudad meridional de) Ranong,
encuentran frecuentemente una manera de regresar. Pero si son
expulsados de Mae Sot (ubicada más al norte), hay un riesgo
mucho más alto de que sean asaltados o terminen realizando
trabajo forzoso para las fuerzas armadas birmanas", afirma un
comprensivo empleador tailandés en Khao Lak, quien da empleo
a Aye.

Como muchos empleadores tailandeses, considera a los birmanos
como buenos trabajadores, de quienes dice que laboran más y
por menos dinero que los trabajadores tailandeses.

Pero el complicado y relativamente costoso proceso de registro
de los trabajadores migrantes en Tailandia, da pie a que muchos
birmanos y sus empleadores tailandeses sigan evitando la
inscripción legal, lo cual deja a los empleadores expuestos
a actuaciones judiciales y a los trabajadores sin cobertura de
seguros y en riesgo de posibles abusos.

Vipunjit Ketunuti, Directora de Programas de Migración
Laboral de la OIM en Tailandia, quien está a cargo de un
proyecto de la OIM financiado por USAID en el que se informa a
trabajadores migrantes, empleadores y funcionarios gubernamentales
locales sobre las leyes,los derechos y las obligaciones pertinentes
a la migración laboral, señala que la
confusión y la falta de información han conducido a
algunos gobiernos provinciales de Tailandia a introducir nueva
legislación que en realidad está agravando el
problema.

"Los empleadores y migrantes que respetan las leyes tailandesas
y se presentan para ser inscritos por las autoridades
deberían ser alentados y protegidos. Pero probablemente la
nueva legislación que ha sido introducida este año en
cuatro provincias fronterizas para mejorar la regulación de
trabajadores migrantes sea contraproducente", asevera.

En Phang Nga, donde trabaja Aye, y en la isla turística
de Phuket por ejemplo, a los migrantes registrados se les
prohíbe ahora salir entre las ocho de la noche y las seis de
la mañana. Si son detenidos por la policía en
cualquier momento sin sus documentos de identificación,
corren el riesgo de ser expulsados inmediatamente.

Se les prohíbe viajar fuera de la provincia en la que
trabajan sin un permiso especial y no se les permite manejar
automóviles o motocicletas. Tampoco tienen derecho a
reunirse en grupos de más de cinco personas ni se les
autoriza a tener teléfonos móviles sin previo
consentimiento de su empleador.

"La legislación obliga a los empleadores a contratar
únicamente a trabajadores registrados y a darles alojamiento
decente. Pero mientras que los empleadores tal vez reciban
pequeñas multas por su incumplimiento, los migrantes
inscritos legalmente corren ahora, en teoría, mayor riesgo
de ser expulsados que antes", afirma Ketunuti.

Esto podría ser el factor decisivo para que muchos
trabajadores migrantes birmanos elijan entre trabajar legalmente o
ilegalmente en Tailandia, ya se muestran renuentes a pagar una
cuota de inscripción anual que representa más de un
mes de salario y cautelosos a la hora de usar los servicios
públicos de salud tailandeses a los que tienen derecho
mediante la inscripción.

Además, existen pocos canales legales para los
trabajadores birmanos que desean trabajar en Tailandia, por lo
cual, la mayoría ingresa al país de manera ilegal.
Este país no les ha ofrecido a los migrantes irregulares la
oportunidad de registrarse y regularizar su estatus desde el
2004.

A los migrantes que ya están inscritos y tienen permisos
de trabajo se les permite renovarlos anualmente por la suma de THB
3.800 (USD 112), de lo cual THB 600 corresponden al control
médico y THB 1.300 al seguro de salud.

Sin embargo, muchos migrantes birmanos utilizan intermediarios
para tramitar sus solicitudes, lo cual aumenta el costo en nada
menos que el 50%. Esto representa otro freno para que renueven sus
permisos de trabajo cada año.

"Algunos empleadores inescrupulosos ven además el lado
positivo de contratar a migrantes irregulares que viven al margen
de la sociedad tailandesa, y bajo el constante riesgo de ser
expulsados y no pueden hacer nada para negociar las
cláusulas de su contrato ni las condiciones de trabajo",
señala Federico Soda, Especialista en Migración
Laboral de la OIM en la región.

No obstante, las autoridades tailandesas están muy al
corriente de la seguridad social, la salud pública y otros
riesgos asociados a la marginación de aproximadamente 1,5
millones de migrantes irregulares y sus familias que viven en
Tailandia y al hecho de mantenerlos en una situación
subyacente, según Ketunuti.

"Marginar a una generación de niños migrantes
privándolos de la educación o excluir a comunidades
de migrantes de los planes de preparación nacionales para
afrontar una pandemia de gripe aviar o un segundo tsunami son
cuestiones que ahora se reconoce claramente que han de ser
abordadas por el Gobierno", señala.

"El proyecto de derechos de los migrantes de la OIM en Tailandia
está planificado para respaldar los esfuerzos del Gobierno
en su respuesta a estos desafíos. Al reunir a funcionarios
gubernamentales, empleadores y trabajadores migrantes a
través del intercambio de información y la
generación de confianza, creemos que estamos contribuyendo a
un sistema más transparente que optimizará finalmente
los beneficios económicos perceptibles de la
migración laboral y al mismo tiempo protegerá los
derechos humanos de los migrantes y de sus familias dentro de un
estándar internacional aceptable", agrega.