Tradicionalmente, Dominica ha otorgado la máxima prioridad en la agenda nacional al bienestar de sus ciudadanos. En los últimos años, el Gobierno ha renovado este compromiso y ha ampliado su alcance integrando los servicios orientados al bienestar y la protección de todos los residentes en el país, incluidos los migrantes, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. A pesar de estos esfuerzos recientes, las necesidades en materia de protección se siguen señalando a la atención de las autoridades del país de manera habitual, sobre todo en relación con el maltrato infantil y los incidentes de discriminación que afectan a las personas más marginadas. Este proyecto tiene por objeto mejorar el acceso a servicios orientados a la protección que tengan en cuenta la perspectiva de género en Dominica, beneficiando tanto a las comunidades de migrantes como a las locales y prestando especial atención a quienes sean más vulnerables. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) colaborará estrechamente con el Gobierno de Dominica y, más específicamente, con el Ministerio de Desarrollo y Empoderamiento de la Juventud, Jóvenes en Riesgo, Cuestiones de Género, Seguridad de las Personas de Edad y Personas con Discapacidad (el “Ministerio”), así como con asociados de la sociedad civil, a fin de fomentar la capacidad para prestar servicios sociales orientados a la protección en consonancia con las normas internacionales y las prácticas óptimas existentes. Estos objetivos a medio plazo se verán impulsados por la consecución de una serie de productos clave, entre los que se incluyen el análisis y la evaluación del sistema utilizado actualmente para brindar tales servicios a las poblaciones vulnerables y la elaboración de un análisis que tenga en cuenta la perspectiva de género y la protección en relación con las comunidades (de acogida y de migrantes) presentes en el país. A continuación, se contribuirá a la elaboración de procedimientos operativos estándar para la prestación de servicios sociales orientados a la protección a las poblaciones vulnerables (tanto en las comunidades locales como de migrantes), destinados a los funcionarios del Ministerio, el personal de las organizaciones de la sociedad civil y los proveedores pertinentes del sector privado. Por último, se garantizará que estas personas y entidades tengan una sólida comprensión de las cuestiones relacionadas con la protección, de modo que se responsabilicen plenamente de dichos procedimientos. Además, el proyecto prevé que los miembros de las comunidades locales y de migrantes aprovechen los conocimientos adicionales adquiridos en relación con la vulnerabilidad y los mecanismos de protección para tomar decisiones sobre los servicios de protección y recurrir a ellos de manera más informada.