El Salvador es país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. Se estima que 51,252 personas migrantes fueron retornadas en el 2014 , representando uno de los más altos flujos de retorno en Centroamérica. Desde el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, la Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior se ha identificado la necesidad de dar atención a sus connacionales que retornan, basado en la importancia de generar oportunidades para su inserción integral al país. Por lo tanto, en el marco de su planificación estratégica, se creó la Dirección de Seguimiento y Reinserción de Personas Retornadas, la cual viene trabajando desde 2015 en diseñar e implementar iniciativas que permitan la inserción integral de las personas retornadas. Así, el Gobierno de El Salvador creó el “Programa Integral de Inserción para la población salvadoreña retornada” para la integración efectiva de la población retornada al país como capital humano que contribuye a su proceso de desarrollo, creando 7 Ventanillas de Orientación y Seguimiento a Personas Salvadoreñas Retornadas (VRES), las cuales están establecidas con personal del Viceministerio, en la Gobernaciones Departamentales de los Departamentos de San Salvador (repatriaciones aéreas y terrestres), Usulután, San Miguel, La Unión, Santa Ana y La Libertad. La experiencia de las VRES indica que el apoyo en la recepción es el inicio de una cadena de protección necesaria para que los retornos sean sostenibles y eficaces. El Salvador presenta desafíos en la respuesta a la migración de retorno, entre ellas: la necesidad de dar respuesta a la población retornada con priorización a la población en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres, niñez y adolescencia, población LGBTI, población con capacidades especiales y personas adultas mayores. Además, el reto de facilitar las alternativas de desarrollo que generen arraigo y la divulgación de los servicios en las comunidades de origen o reasentamiento de la población retornada en articulación interinstitucional e intersectorial del nivel central al territorial; así como la prevención de la estigmatización hacia la población retornada en las comunidades de acogida; la prevención de la migración irregular y la falta de un proceso de formación especializado del personal