En los últimos años, la radicalización y el extremismo violento han sido un tema de preocupación, que ha tenido consecuencias para las distintas comunidades. La ex República Yugoslava de Macedonia, al igual que otros países de la región, ha visto partir a distintas personas como mercenarios. En este contexto, el riesgo más pertinente en la región con respecto a la radicalización radica en la atracción de jóvenes para que se unan a grupos extremistas como combatientes extranjeros, en apariencia sobre una base ideológica religiosa, pero a menudo impulsados −al menos en parte− por la marginación política, social y económica y el sentimiento de injusticia resultante de la misma. El objetivo del proyecto propuesto es prevenir la expansión del extremismo violento mediante la capacitación de los interlocutores institucionales para que colaboren directamente con las comunidades locales y consoliden su resiliencia contra las influencias extremistas y el actual reclutamiento. El proyecto utilizará un enfoque de orientación institucional que se basará en la capacitación de psicólogos, trabajadores sociales y docentes para emprender actividades preventivas dirigidas a quienes son verdaderamente vulnerables a las influencias radicales. Las siguientes actividades se llevarán a cabo utilizando un enfoque institucional: 1) autoevaluación comunitaria del extremismo violento y los factores que lo impulsan; 2) celebración de talleres de razonamiento complejo para la integración dirigidos a jóvenes en riesgo; y 3) organización de talleres institucionales para profesores, psicólogos escolares y trabajadores sociales de la comunidad con el fin de desarrollar su capacidad para reconocer y abordar los primeros signos de la radicalización. Los interlocutores institucionales capacitados organizarán además actividades preventivas y educativas para los miembros de la comunidad clasificados como grupos de riesgo desde la perspectiva del extremismo violento. El proyecto general contará con la estrecha colaboración de los principales interlocutores en las comunidades beneficiarias, entre ellos el Ministerio del Interior; el Organismo de Juventud y Deportes; el Ministerio de Empleo y Trabajo Social; el Ministerio de Educación y Ciencia; las ONG; las asociaciones de padres; y otros asociados comunitarios de las organizaciones de la sociedad civil y la administración pública, incluidos los concejos municipales y otras instituciones gubernamentales locales,