Dakar  –  La movilidad a lo largo de la árida región africana del Sahel es una tradición de larga data y se la considera una estrategia de adaptación y subsistencia esencial para millones de personas en uno de los entornos más duros del mundo entero.  

Ahora, mientras los gobiernos están imponiendo significativas restricciones a los movimientos para intentar contener la propagación del coronavirus (COVID-19) – sobre todo suspendiendo temporalmente el comercio fronterizo y las actividades consideradas no esenciales – han comenzado a producirse importantes impactos socioeconómicos sobre las familias.  

“He estado varado aquí durante semanas, y no puedo enviar dinero a mis padres y a mi esposa porque tengo que usar el dinero para pagar alojamiento y comida”, explicó Malick, que es un comerciante senegalés que antes solía viajar a Mauritania una vez a la semana para desarrollar actividades comerciales.  

Varado desde marzo en la estación fronteriza de Sélibabi, Mauritania, agregó que: “Ahora ya no puedo brindar apoyo a mi familia en Senegal puesto que no estoy trabajando”. 

Por este hombre, y por miles de otros en situación similar, esta semana (14 de mayo), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se unió a varias agencias de la ONU y ONG en África Central y Occidental, en medio de la crisis provocada por la COVID-19, para hacer sonar la alarma respecto de la crisis que empeora con gran rapidez en la región de Sahel, situación que está llevando las necesidades humanitarias en la región a un nivel sin precedentes.   

UNDESA estima que hay 9,5 millones de migrantes de África Central y Occidental actualmente en la región, de los que más de 100.000 son considerados migrantes retornados. El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible calcula que el comercio transfronterizo en el Sahel representa casi un 12% del volumen comercial total en toda la región.  

Por consiguiente, la movilidad en la región es crucial para que varias naciones puedan contar con medios de subsistencia, sobre los cuales la pandemia ya está teniendo efectos devastadores.  

“Muchos comerciantes transfronterizos llaman para preguntar en qué momento volverá a abrirse la frontera. Intentamos explicarles que la frontera debe seguir cerrada por ahora para poder bajar la curva de la COVID-19, pero sabemos que es difícil para ellos aceptar esto”, dijo Malick Singhateh, Oficial de Salud Pública en el puesto fronterizo de Sabi, en Gambia.  

El cierre de frontera ha llevado también a dramáticos aumentos de los precios de las mercaderías y de los alimentos para millones de familias. Los pastores y sus familias – quienes según los demógrafos representan aproximadamente un 20% de la población total de la región – se han visto forzados también a detener su migración estacional debido a este cierre de fronteras.  

Las medidas preventivas que impiden el tránsito de las personas y de las mercaderías han dejado a más de 20.000 migrantes varados en las fronteras, y cerca de otros 2.000 se encuentran aguardando en centros de tránsito.  

Estos últimos cambios llegan después de que 5.100.000 personas desplazadas internamente (IDPs) se vieron forzadas a desplazarse debido a conflictos o desastres naturales (ver el cuadro inferior). Es posible que estas personas desplazadas internamente tengan que vivir junto a otras en condiciones de hacinamiento y por ello enfrentarán significativos riesgos y peligros mientras luchan para poder paliar sus necesidades básicas.

Como factor agravante de esta situación, los migrantes y las personas desplazadas generalmente cuentan con acceso limitado a los sistemas públicos para el cuidado de la salud y tal vez no pasarán por pruebas para detectar la COVID-19 ni recibirán tratamiento, lo cual puede llevar a consecuencias aún peores para las comunidades de acogida. 

“El no incluir a los migrantes y a las poblaciones desplazadas en la respuesta ante la COVID-19 puede hacer que tal respuesta sea un total fracaso”, explicó Sophie Nonnenmacher, Directora Regional de la OIM para África Central y Occidental. “Ninguna persona estará segura hasta que todos estén seguros”. 

“Los migrantes y las comunidades desplazadas deben ser considerados una parte integral de cualquier respuesta de salud pública efectiva”, dijo Nonnenmacher, quien agregó que: “Los cierres de frontera no podrán ser sostenidos a mediano y largo plazo. Por ello la OIM está lista para brindar su apoyo a los países respecto de la reapertura de los puestos fronterizos de forma oportuna y segura”. 

La OIM se encuentra trabajando con los gobiernos de la región a fin de proveer agua apta para el consumo y servicios de saneamiento, además de paliar las necesidades de aislamiento seguro en los campamentos y de fortalecer las medidas en los puntos de acceso para asegurar su reapertura en condiciones de seguridad. La OIM está también trabajando con los gobiernos para comenzar con los programas de retorno humanitario voluntario para migrantes vulnerables, que por el momento es la única opción legal para regresar a sus hogares.  

Para más información por favor contactar a Florence Kim en la Oficina Regional de la OIM para África Central y Occidental, Tel: +221 78620 6213, Correo electrónico: fkim@iom.int.