Declaración de Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región.

Ginebra - El número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela ahora ha alcanzado los 4,3 millones y crece a diario. Al día de hoy, no se ve un final para este movimiento masivo de población, que incluye un número creciente de personas con vulnerabilidades, muchas de ellas en necesidad de protección internacional, así como un gran grupo que busca acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo.

Los países más afectados por este movimiento de población se encuentran en América Latina y el Caribe, en particular en la Región Andina, donde el impacto socioeconómico de los flujos desde Venezuela ha sido más extenso y de mayor alcance.

A pesar de los presupuestos ajustados, la disminución de los recursos, las tensiones sociales y de que las instituciones se encuentran sobrecargadas, los países de América Latina y el Caribe continúan haciendo esfuerzos encomiables para brindar protección y asistencia, así como para promover la inclusión social y económica de las personas venezolanas en su territorio. Sin embargo, no cabe duda de que la situación de las personas refugiadas y migrantes venezolanas está superando las capacidades de los países y de la región en su conjunto.

Solo a través de una respuesta regional coherente, predecible y armonizada, los países de la región podrán enfrentar el desafío humanitario sin precedentes de responder a las necesidades de un número creciente de personas refugiadas y migrantes venezolanas.

Como Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos en la región, me preocupa que las restricciones a los venezolanos para acceder al territorio de los países de acogida puedan obligarlos a realizar viajes irregulares, favoreciendo la trata y el tráfico de personas, y agravando sus vulnerabilidades.

Si bien reconozco el derecho soberano de los Estados a decidir qué medidas tomar para permitir el acceso a sus territorios, insto a los países de la región a preservar el acceso al asilo y a fortalecer los mecanismos que permiten identificar a las personas que necesitan protección internacional. Asimismo, insto respetuosamente a los Estados a que mantengan políticas de entrada flexibles, dado que muchas personas venezolanas enfrentan dificultades considerables para cumplir con los requisitos de entrada, y que continúen regularizando y documentando a las personas refugiadas y migrantes venezolanas, así como facilitando la reunificación familiar.

Además, insto respetuosamente a los países de la región a continuar articulando, coordinando y armonizando sus políticas e intercambiando información y buenas prácticas a través del Proceso de Quito, que como grupo no vinculante ha reunido a los países de América Latina y el Caribe afectados por la salida de personas refugiadas y migrantes venezolanas. Los aliento a que continúen buscando la cooperación y el reparto de responsabilidades en el espíritu del proceso de Quito, cuya próxima reunión está programada para los días 5 y 6 de diciembre en Bogotá, Colombia.

También hago un llamamiento a la comunidad internacional, incluidas las agencias de cooperación bilateral y multilateral, las instituciones financieras y los actores del desarrollo, para que refuercen su apoyo, incluyendo el financiero, a la población venezolana, así como a los países de acogida y las comunidades locales que albergan a las personas venezolanas.

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