Mientras el mundo enfrenta la pandemia de la COVID-19, la Red de Naciones Unidas sobre Migración destaca los inmensos esfuerzos realizados hasta la fecha para combatir esta crisis y urge a que todos – incluidos los migrantes independientemente de su condición migratoria – sean incluidos en los esfuerzos para mitigar y reducir el impacto de esta enfermedad. A tal fin, los migrantes deben ser considerados como víctimas potenciales y como parte integral de cualquier respuesta en materia de salud pública que se considere efectiva. Es particularmente importante que las autoridades en su totalidad hagan todo aquello que esté a su alcance para combatir la xenofobia, incluyendo las situaciones en las que los migrantes y otras personas sean víctimas de discriminación o violencia relacionada con el origen y la propagación de la pandemia. La COVID-19 no discrimina y nuestra respuesta tampoco debe discriminar si queremos que sea exitosa.

Un enfoque integral de esta crisis tiene implicaciones en lo relacionado con la salud pública local y nacional, con la política económica y la de viviendas. De cara a la COVID-19, los migrantes y las personas que están movilizándose enfrentan las mismas amenazas a la salud que las poblaciones que los acogen, pero también enfrentan vulnerabilidades especiales vinculadas a las circunstancias de sus viajes y a las pobres condiciones de vida y de trabajo en las que pudieran encontrarse. Con mucha frecuencia los migrantes deben enfrentar obstáculos innecesarios para el acceso a los cuidados de la salud. Imposibilidad de acceder a los servicios; barreras culturales e idiomáticas; costos; la falta de políticas de salud que los incluyan; las barreras legales, regulatorias y prácticas a los servicios de salud, todas ellas inciden en esto, como también inciden, en muchos casos, los prejuicios. Si un migrante teme la deportación, la separación de su familia o la detención, tal vez no quiera acceder a los cuidados de salud o compartir información sobre su condición clínica.

Con mucha frecuencia a millones de personas – entre ellos los migrantes – se les niega el derecho a un nivel de vida adecuado que incluya vivienda, alimentos, agua y sanidad, y no tienen más opción que la de vivir en condiciones de hacinamiento y anti higiénicas, sin acceso a servicios de salud o con un acceso muy limitado. Esta es una combinación que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades y de los migrantes ante la enfermedad, y obstaculiza de forma masiva la capacidad de las autoridades para implementar eficazmente un testeo en tiempo oportuno, una formulación del diagnóstico y la provisión de cuidados vitales que corresponden a medidas integrales y efectivas de salud pública. Es crucial que las autoridades gubernamentales a nivel nacional y local adopten las medidas necesarias para proteger la salud de quienes viven en condiciones inseguras y que son los más vulnerables, independientemente de su condición. Las medidas deben incluir prevención, testeo y tratamiento adecuados; acceso permanente y cada vez mayor a albergues de emergencia para personas sin techo sin tener en cuenta barreras relacionadas con el estatus migratorio; y suspensión de los desalojos.

Mientras muchos países eligen aumentar los controles en sus fronteras en un esfuerzo por contener la propagación de la COVID-19, es esencial que tales medidas sean implementadas de un modo no discriminatorio, de conformidad con los principios del derecho internacional, y dando prioridad a la protección de los más vulnerables. Deben aplicarse políticas y prácticas, incluyendo las relacionadas con el retorno forzoso y la detención de migrantes, que respeten en todo momento las obligaciones en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que las mismas tal vez necesiten ser ajustadas para asegurar su compatibilidad con las estrategias efectivas en materia de salud pública y que se puedan mantener las condiciones adecuadas. Respecto de esto, es vital que cualquier limitación sobre la libertad de movimiento no afecte indebidamente los derechos humanos y el derecho a solicitar asilo, y que las restricciones se apliquen de forma proporcionada y no discriminatoria.

Para que nuestra respuesta a esta pandemia sea efectiva debemos vencer las barreras actuales que dificultan el acceso a una cobertura de salud adecuada, accesible y verdaderamente universal. La inclusión de todos los migrantes y grupos marginalizados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta a la COVID-19, sea que estemos procurando la prevención, la detección, o el acceso igualitario a su tratamiento, a sus cuidados o medidas de contención, o bien seguridad en las condiciones laborales. Los mensajes de comunicación de riesgo relacionados con el modo de proteger a todas las personas deben tener la capacidad de llegar a todas las comunidades y ser formulados en idiomas y formatos de medios de modo tal que todas las personas puedan comprenderlos y tener acceso a ellos.

Los centros de detención de migrantes con mucha frecuencia están atestados y no cuentan con servicios de sanidad y para el cuidado de la salud adecuados. A fin de evitar una diseminación rápida del virus, los Estados deben implementar las medidas necesarias para proteger la salud de los migrantes en estas instalaciones y establecer cuanto antes alternativas a la detención que no priven a los migrantes de su libertad como forma de mitigar estos riesgos.

Además, es necesario que los migrantes sean incluidos en medidas que se introduzcan para mitigar la desaceleración económica provocada por la COVID-19. Los migrantes y sus familias son con frecuencia parte de grupos marginalizados y vulnerables que ya están experimentando dificultades económicas a raíz de las medidas de contención. El impacto provocado por el cierre de actividades a causa de la pandemia puede afectar especialmente a los trabajadores de bajos ingresos y a quienes trabajan informalmente, incluyendo a los jóvenes y a las mujeres, quienes a menudo se encuentran realizando trabajos precarios o temporales y no tienen acceso a la protección social, a licencia por enfermedad con goce de sueldo, o a recibir apoyo por ganancias perdidas. Las trabajadoras domésticas pueden incluso verse mucho más profundamente afectadas por las medidas de distanciamiento social y por el aislamiento en las casas de sus empleadores y sujetas a discriminación.

Se necesita atención especial para esos trabajadores, muchos de los cuales son migrantes, y que continúan asegurando servicios indispensables para las personas durante la pandemia, tales como quienes desarrollan tareas en la economía de cuidados y la industria de servicios o trabajos informales, para que logren proteger sus derechos y beneficios fundamentales en el lugar de trabajo. Apreciamos las medidas adoptadas por los Estados Miembros para extender visas de trabajo y otras medidas adecuadas para aliviar las presiones que los trabajadores migrantes y sus familias deben soportar debido al cierre de sus negocios, y para asegurar la continua protección de sus derechos humanos internacionales, incluyendo sus derechos laborales.

Solamente por medio de un enfoque inclusivo, que verdaderamente no deje a nadie atrás, será posible vencer esta crisis mundial de magnitud y proporciones sin precedentes.

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Susannah Price susannah.price@un.org

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