Representantes de los 32 departamentos de Colombia y de las
alcaldías de las principales ciudades se han reunido para
debatir acerca de las dificultades relativas a la
implementación de la legislación propuesta sobre
reparación y asistencia a las víctimas de la
violencia.

La iniciativa, conocida con el nombre de Ley de las
Víctimas, está siendo debatida en el Congreso
colombiano y establecerá una política nacional
mediante la cual brindar servicios de reparación y
asistencia a las víctimas de la violencia a manos de grupos
armados.

El encuentro ha servido de plataforma para que los
líderes de los departamentos y municipios discutan, junto a
las autoridades nacionales, los cambios institucionales propuestos
en la nueva ley, incluidas las responsabilidades que tendrá
que asumir el gobierno estatal y local.

La OIM ha proporcionado su pericia y asistencia técnica a
los participantes de la antedicha reunión, la cual ha sido
convocada por el Vicepresidente colombiano Angelino Garzón y
financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID).

El Vicepresidente Garzón resaltó la necesidad de
que la reparación ofrecida a las víctimas fuese
adecuada, así como la de contar con oficiales
públicos formados para brindar asistencia a dicha
víctimas.

Peter Van Der Auweraert, experto de la OIM en el programa de
reparaciones internacionales, ha identificado una serie de
desafíos relacionados con una ley integral de
reparación, entre los que se incluyen asuntos de
coordinación institucional y territorial y acceso a la
información.  No obstante, tal y como él mismo
explica: «Colombia tiene la oportunidad de sacar el
máximo provecho de las experiencias y lecciones aprendidas
por otros países que han implantado políticas
similares como Turquía, Alemania e Iraq».

Esta reunión supone un importante avance hacia el
establecimiento de mecanismos de coordinación para la
implantación de una nueva ley sobre reparaciones. 
Entre las recomendaciones en ella realizadas se incluyen una
propuesta de líderes estatales y locales para la
creación de entidades de especialistas regionales dedicados
exclusivamente a la asistencia de las víctimas y el
reconocimiento por parte de las autoridades nacionales de la
necesidad de realizar más talleres en los que fomentar los
programas de asistencia a las víctimas.

Desde 2005, más de 332.000 víctimas han solicitado
reparaciones administrativas al Gobierno colombiano y otras 323.000
se han puesto en contacto con la Fiscalía General para
presentar acusaciones sobre delitos cometidos por grupos armados
ilegales.

Gracias a la financiación de USAID, la OIM proporciona
desde 2006 asistencia a las víctimas de la violencia,
incluidas iniciativas de facilitación para acceder a la
verdad, justicia, procesos de reparación y
reconciliación, asesoramiento y apoyo para actividades
generadoras de ingresos.

Durante los últimos cuatro años, la OIM ha
colaborado con el Gobierno colombiano en la reintegración de
unas 51.000 personas desmovilizadas de grupos armados ilegales.

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con

Jorge Gallo

OIM Bogotá

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