Belgrado – El derecho a la salud es un derecho fundamental de todos los seres humanos, con independencia de su condición legal, dijo ayer el Consejero Senior de Salud Migratoria de la OIM para Europa del Sudeste y Asia Central frente a la 141° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU por su sigla en inglés).

“Recibimos con alegría la aprobación de esta declaración política trascendental sobre cobertura universal de salud y sobre todo la mención explícita de las necesidades de los migrantes”, dijo el Dr. Jaime Calderón en la reunión que tuvo lugar en Belgrado y que congregó a más de 1.700 parlamentarios y socios de la ONU y de la sociedad civil procedentes de todas partes del mundo.

Sin embargo, el Dr. Calderón advirtió que hay un paso sumamente importante que es necesario dar antes de que la cobertura universal de salud sea una realidad, y que con ese paso podrían llegar a concretarse cabalmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3.8 y 10.7.

“Esto no puede lograrse a menos que la cobertura de servicios de salud y las medidas financieras de protección en todos los países incluyan a los migrantes y a otras personas que están desplazándose, en especial todas aquellas que están estigmatizadas, marginalizadas y en situación de vulnerabilidad”, dijo. 

El Dr. Calderón invitó a los Estados a otorgar a los migrantes los mismos derechos y garantías de los que disfrutan los nacionales. “La concreción progresiva de los derechos de los migrantes a la salud debe evitar las estructuras paralelas como ha sido puesto de relieve este año en el borrador de la Acción Mundial para la Promoción de la Salud de Migrantes y Refugiados por la Asamblea Mundial de la Salud”, dijo.

El Dr. Calderón también destacó que la migración puede ser un camino hacia el desarrollo a través de acuerdos efectivos sobre empleo, compromisos con la diáspora y con el reclutamiento internacional ético y bien manejado de los trabajadores de la salud que son cruciales para que la UHC tenga éxito en los países de origen.

La IPU fue fundada hace 130 años para facilitar la diplomacia parlamentaria y empoderar a los parlamentos y parlamentarios en lo relacionado con la promoción de la paz, fortaleciendo el derecho internacional, la igualdad de género, a los jóvenes y los derechos humanos, y logrando la cobertura universal de salud.

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