Ginebra — Las imágenes no se pueden olvidar. Familias desesperadas en asfixiantes contenedores de transporte y embarcaciones desvencijadas. Cuerpos arrastrados hasta las costas y playas tras el fracaso de la travesía. Personas traumatizadas y rotas por años de abusos y explotación.   

Nos abruman las historias de violencia y actos predatorios perpetrados por quienes están dispuestos a explotar a personas desesperadas en beneficio propio. Nos estremecemos al comprender que los niños corren el riesgo de sufrir daños irreparables —incluso de morir— por el mero hecho de que sus familias intenten darles un futuro mejor.      

Sin embargo, hoy, en la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, no es momento para reflexionar sobre lo que sentimos acerca de los migrantes víctimas de la trata.  

Este día debe servirnos más bien de advertencia. Ha trascurrido un año más, y debemos recordar que por mucho que hayamos logrado, aún no hemos hecho lo suficiente. Es hora de poner fin a la trata de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el mundo. 

La OIM trabaja incansablemente con asociados de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para eliminar las prácticas nocivas en la contratación laboral internacional. Luchamos para proclamar los derechos de los migrantes que cruzan las fronteras con el propósito de realizar los trabajos difíciles que quedan vacantes en muchos países prósperos, y nos aseguramos de que se protejan y defiendan esos derechos.  

A pesar de ello, estos esfuerzos no son suficientes. También debemos perseguir a los tratantes y responsabilizar a los gobiernos de los Estados Miembros de la OIM cuando no protejan a las víctimas de la trata.  

La migración se considera cada vez más como una opción para escapar de los conflictos, la inestabilidad, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y el cambio climático; sabemos que los movimientos de personas a gran escala aumentan las oportunidades para que los delincuentes se aprovechen de los migrantes.  

No obstante, esta certeza aún no ha propiciado medidas suficientes para detener a quienes impulsan la migración en condiciones de riesgo ni para abordar las necesidades de protección y asistencia de los migrantes. 

Hoy por hoy, lamentablemente, muchos gobiernos se centran antes en perseguir a las ONG que rescatan a migrantes vulnerables que a los propios tratantes y traficantes. Es injusto penalizar a los rescatadores —especialmente por motivos burocráticos, como no tener los permisos de atraque adecuados, o por funcionar sin jurisdicción en el mar—, pero también es ineficaz, pues constituye un derroche de los recursos tanto de las ONG como de los  organismos encargados de aplicar la ley de estos gobiernos. 

Efectivamente, la respuesta a estos retos requerirá un grado significativo de inversión y cooperación. Sin embargo, no podemos ignorar estos desafíos y esperar al mismo tiempo que la migración en condiciones de riesgo y la trata de migrantes, que dimanan de los mismos, desaparezcan por sí solas.  

En calidad de ciudadanos, podemos alzar la voz en contra del sentimiento de aversión hacia los migrantes, tanto en la esfera pública como privada, pues esta percepción menoscaba la empatía pública y permite a los tratantes operar inadvertidos y en toda impunidad. Podemos también exigir la rendición de cuentas de los dirigentes que toleran o fomentan una retórica deshumanizante de los migrantes en su conjunto. 

Como consumidores, podemos exigir bienes y servicios producidos al margen de cualquier práctica de esclavitud o explotación.  

Como dirigentes, podemos reinvertir en nuestros sistemas de protección. Ello comprende sistemas de protección de menores, sistemas de protección de las víctimas de la violencia doméstica y sistemas destinados a defender los derechos de los trabajadores. Debemos asegurarnos de que estos sistemas estén instaurados y de que dispongan de recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todas las personas vulnerables, en particular los migrantes vulnerables.  

No podemos esperar el cambio si no actuamos.   

Comprendo que muchas personas no solo migran para huir de situaciones desesperadas, sino también para hacer realidad sus aspiraciones personales. Reconozco asimismo que los gobiernos tienen un interés legítimo en garantizar la seguridad de sus fronteras y gestionar los flujos migratorios. Y soy consciente de que, a menudo, los gobiernos deben alcanzar un equilibrio entre los intereses de sus ciudadanos y las necesidades humanitarias de los migrantes, aspectos que no siempre parecen guardar consonancia.  

Sin embargo, redunda en el interés de todos mantener el respeto por la dignidad humana y defender los derechos humanos.  

Nuestra condición humana lo exige.